Dos activistas de Greenpeace detenidos por devolver al Gobierno japonés carne de ballena de contrabando

Los dos arrestados destaparon una trama de contrabando de carne de ballena procedente del “programa científico”

Tokio, Japón — La policía japonesa ha arrestado a dos activistas de Greenpeace tras denunciar un escándalo relacionado con el programa de caza de ballenas respaldado por el Gobierno japonés. Los dos activistas, Junichi Sato, de 31 años, y Toru Suzuki, de 41, están siendo investigados por un supuesto robo de una caja con carne de ballena que fue presentada como evidencia de la denuncia que realizó Greenpeace.

El paquete contenía los trozos más caros de ballena tras haber sido ilícitamente extraídos por la tripulación del Nishin Maru, el buque factoría ballenero, al finalizar la temporada de caza de ballenas en el Océano Antártico. El recipiente estaba rotulado como “cartón” y dirigido a una dirección privada. Rastreado por investigadores de Greenpeace, fue interceptado y enviado al Fiscal General de Tokio como evidencia de un profundo escándalo de corrupción dentro de las operaciones balleneras en el Santuario de la Antártida, que el Gobierno de Japón defiende como “científicas”.
Greenpeace demandó una investigación de este escándalo y el Fiscal reconoció que existían suficientes evidencias de malas prácticas. Las pesquisas siguen actualmente en marcha. A la luz de las evidencias de que los responsables de las operaciones balleneras fueran conscientes del escándalo y no hicieran nada al respecto, Greenpeace ha demandado a la Fiscalía que centre sus investigaciones en los burócratas responsables del programa de caza y no sobre la tripulación de los barcos balleneros.
Hasta el momento, los únicos arrestados en esta operación han sido los dos activistas de Greenpeace que presentaron las evidencias del escándalo.
“Esto es una respuesta inesperada” ha declarado Jun Hoshikawa, Director Ejecutivo de Greenpeace Japón. “Hemos destapado un escándalo que afecta a fuerzas muy poderosas del Gobierno de Japón que se están beneficiando de la caza de ballenas, y no nos sorprende demasiado ellos que consigan eludir la investigación, pero que hayan arrestado a nuestros dos activistas, que son completamente inocentes, por haber devuelto la carne que fue robada a los japoneses que pagan con sus impuestos la caza de ballenas es realmente sorprendente. ¿En interés de quién se han hecho estos arrestos? Todo parece indicar que estamos ante una táctica de intimidación de las agencias gubernamentales responsables del escándalo” ha sentenciado Hoshihawa.

 

La seguridad nuclear, de puente

El Consejo de Seguridad Nuclear, ausente de nuevo mientras la seguridad de las centrales nucleares hace aguas por todos lados.

España — La fuga de agua radiactiva ocurrida en la madrugada del viernes en la central nuclear de Almaraz, denunciada en primera instancia por Ecologistas de Extremadura, vuelve a evidenciar la ineficacia y la falta de transparencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el cual, más de 24 horas después de producirse el suceso, aún no ha informado públicamente del mismo.

“Mientras la seguridad nuclear hace aguas por todos lados, la ausencia pública del CSN es clamorosa y cada vez más preocupante”, -ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. “¿En que quedó esa nueva etapa de eficacia y transparencia que prometió la nueva presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, cuando accedió al cargo?”, añadió Bravo.

Según los datos disponibles, aproximadamente a las 5 de la madrugada del viernes 2 de mayo, se produjo una fuga de agua del circuito primario, altamente radiactiva, de la vasija del reactor nuclear de la unidad 1 de Almaraz, en estado de recarga. A falta de datos concretos, se sabe que una gran cantidad de agua radiactiva inundó el suelo del edificio, y desde ayer, una empresa subcontratada, LAINSA, se encargaba de recoger el agua contaminada.

Greenpeace exige al CSN que dé a conocer los motivos del fallo, el destino de esta agua radioactiva, una vez recogida, aclarar si se han producido vertidos líquidos o emisiones gaseosas de radioactividad por este incidente al medio ambiente.

Este suceso de Almaraz, es el último caso dentro de una larga y creciente lista de sucesos que afectan seriamente a la seguridad de las centrales nucleares, junto con el escape radiactivo de la central de Ascó, la rotura de barras de control de la central nuclear de Trillo y la pérdida de piezas metálicas dentro de la vasija de este reactor, la prealerta de emergencia de la central nuclear de Cofrentes, a principios de abril por la rotura de una válvula….

La confluencia de factores como el acusado envejecimiento de los reactores, los fallos propios de una tecnología intrínsecamente peligrosa y la cada vez menor Cultura de Seguridad de los operadores de centrales como consecuencia de la falta de competitividad de la energía nuclear en un mercado eléctrico liberalizado, están creando una situación de alto riesgo de que se produzca un
accidente grave en una central nuclear.

La media de edad de todas las centrales españolas es de casi 25 años (su vida útil técnica) y todas presentan, en mayor o menor medida, problemas de envejecimiento. En especial, la central de Santa Mº de Garoña, la más antigua en funcionamiento (inaugurada en 1971), sufre graves problemas de agrietamiento por corrosión en diversos componentes de la vasija del reactor, fundamentales para la seguridad.

El Gobierno socialista de Zapatero, que dice apostar por un modelo energético sostenible, debe cumplir su compromiso de cerrar las centrales nucleares de forma progresiva y sustituir su aportación energética por “energías limpias, seguras y menos costosas”, como reza su programa electoral a las Elecciones Generales 2008.

“El Gobierno socialista tiene fácil cerrar las nucleares pues la viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica basada al 100% en energías renovables es un hecho ya comprobado científicamente”, -ha declarado Juan López de Uralde, Director Ejecutivo de Greenpeace. “Sólo hace falta tener la voluntad política para hacerlo. Zapatero tiene que decidirse ya entre respetar la palabra dada a los ciudadanos o sucumbir a las presiones del looby nuclear”, añadió López de Uralde.

— Greenpeace

 

Greenpeace denuncia la improvisación y falta de transparencia del CSN en el caso Ascó

El CSN ha vuelto a incrementar en otras 900 el número de personas a examinar, sin dar explicaciones de por qué, y sigue sin dar información sobre la cantidad real de radiactividad que se liberó en el accidente y sobre su causa

España — El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está actuando con una gran improvisación y una enorme falta de transparencia en el asunto del escape radiactivo de la central nuclear de Ascó-1. Greenpeace pedirá a la Fiscalía de Tarragona, que ya ha iniciado diligencias penales al respecto de este suceso, que incluya en su investigación la actuación del CSN en este accidente.

Una de las pruebas más claras de esa improvisación es la desconcertante actuación del CSN para estudiar el potencial impacto radiológico a las personas de la radiactividad liberada. Desde que Greenpeace informara a la opinión pública el pasado 5 de abril de la existencia de dicho escape radiactivo, el CSN ha pasado de, en primer lugar “descartar riesgo radiológico en Tarragona” (comunicado de prensa del CSN del 7 de abril), a decir que se realizarían mediciones radiológicas a 800 personas (comunicado de prensa del 14 de abril), para luego subir la cifra a unas 1.500 (rueda de prensa del CSN del 22 de abril) y ahora, nuevamente, incrementar esa cifra en otras 912 hasta un total de 2.412 personas (comunicado de prensa del CSN de 30 de abril).

Greenpeace exige al CSN que explique claramente por qué motivo está aumentando continuamente el número de personas sometidas a exámenes radiológicos y que aclare públicamente cuál es su plan de actuación al respecto.

El CSN debería explicar además a la ciudadanía la importancia más bien relativa de estas mediciones ya que, según se ha estudiado científicamente, la permanencia en el cuerpo humano del cobalto 60, por término medio y sin hacer uso de medidas suplementarias para su eliminación, no supera las dos o tres semanas a lo sumo (véase, por ejemplo, el informe técnico TM 2002-042, publicado por el Departamento de Investigación y Desarrollo para la Defensa de Canadá, sobre la eliminación de radionucleidos del cuerpo humano). Algo de gran importancia en el caso del accidente de Ascó, ya que los ciudadanos deberían haber sido informados de que las medidas de contaminación interna que se están llevando a cabo últimamente, a petición del CSN, entre las personas potencialmente afectadas por el accidente.

Aún siendo de utilidad para verificar que no existen en la actualidad personas contaminadas internamente, no servirán de mucho para descartar por completo que no hayan podido resultar contaminadas con anterioridad, en los cuatro meses transcurridos desde la emisión de la radiación, porque de haber sido por Cobalto-60 a estas alturas no existirían restos importantes de radiactividad en su cuerpo (aunque ésta ya hubiera podido producir efectos negativos para su salud, que podrían tardar un tiempo en aparecer)

El Cobalto-60 es uno de los isótopos más peligrosos por sus efectos biológicos, como lo atestigua el hecho de que su Límite de Incorporación Anual (LIA) es de los más bajos en la reglamentación. El Co-60 emite radiación beta, seguida de dos picos de radiación gamma, con una energía total muy elevada (de 2.82 Megaelectron-voltios, Mev).

La falta de transparencia del CSN en este asunto es muy preocupante. No sólo por el hecho de que el escape de radiactividad se produjo en noviembre de 2007 y el CSN (y tampoco la central nuclear de Ascó), que lo sabía con cierta anterioridad, no informó de ello a la opinión pública hasta que Greenpeace lo hizo el pasado 5 de abril. También porque, a pesar de que ha pasado casi un mes desde que trascendiera la existencia del escape, y de haber emitido varias notas de prensa desde entonces, el CSN aún no ha proporcionado ninguna explicación convincente de por qué y cómo se produjo el accidente en Ascó-1, y tampoco ha comunicado cuanta radiactividad se liberó en el escape.

“En lugar de dar a conocer la cantidad total de radiactividad que salió al medio ambiente, el CSN se ha limitado a dar, en cuenta gotas, información sobre el número de partículas radiactivas encontradas, y últimamente ni siquiera eso”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

El conocimiento preciso de la cantidad de radiactividad emitida al medio ambiente y del inventario de los elementos radiactivos liberados en el escape del 29 de noviembre de 2007, es esencial para valorar el riesgo radiológico al que se ha sometido al público, a los trabajadores y al medio ambiente. Además, es básica a los efectos de la cualificación de las infracciones que haya podido cometer la central nuclear en virtud de lo dispuesto en los artículos 87.3 y 4 de la Ley 25/1964, sobre la energía nuclear, en la redacción que se da a este artículo en el artículo 12 de la Ley 33/2007.

Greenpeace espera que aporte luz sobre este accidente la visita de inspección de un equipo de técnicos de la Comisión Europea para investigar lo sucedido (visita realizada a principios de esta semana, tras la solicitud efectuada por Greenpeace el pasado 22 de abril, apelando a los artículos 35 a 37 del Tratado Euratom.

Greenpeace espera que el informe que realice la Comisión Europea tras su visita sea exhaustivo y aclare, con prontitud, todos los aspectos del accidente que hasta el momento el CSN sigue sin desvelar.

Así, por ejemplo, es de esperar que la Comisión Europea informe de la cantidad total de partículas radiactivas detectadas dentro y fuera del emplazamiento de la central nuclear; que valore la validez de los métodos de detección de las partículas y de la posterior caracterización de las mismas; que proporcione una lista de cada una de esas partículas, así como de su caracterización radiológica y su nivel de radiación; que aclare si se ha respetado estrictamente los límites de radio protección establecidos en la legislación para el público y trabajadores; que informe de la causa raíz real del accidente y sobre la adecuada actuación de los operarios de la central nuclear;  que concrete si se han cumplido en su totalidad los procedimientos; que  valore si el adecuado el diseño de su sistema de ventilación; que aclare si hubo buena coordinación entre los inspectores residentes del CSN en la central y el propio Consejo,  etc..

Y muy en especial, Greenpeace espera que la Comisión Europea se pronuncie sobre la validez de los exámenes radiológicos llevadas a cabo por el CSN, varios meses más tarde de cuando se produjo el escape de radiación al medio ambiente, pretendiendo buscar  partículas radiactivas de Cobalto-60 cuando éstas tienen un tiempo de vida media de residencia en el cuerpo humano (vida media biológica) de unos 9 días.

— Greenpeace

 

Galiza case á cola do transporte “público”

Hoxe vin nun xornal unha nova que me pareceu, canto menos pesimista.

De todos é sabido que o transporte -mal chamado- público, non é ningunha maravilla. Pero Galiza está no posto número catro pola cola no uso do mesmo. Cando a media supera o 65 viaxes por habitante anuais, en Galiza apenas chegamos aos 24, fronte aos máis de 100 de Aragón, é máis, según datos oficiais o número de viaxeiros descendeu o ano pasado con respecto ao 2006, porén, os dous meses primeiros deste ano rexistraron un meirande número de viaxeiros ca os primeiros meses do ano pasado.

Amig@s… na miña humilde opinión esto non é nada bon, xa sei que non gusta pagar case 4 euros para ir dende Ogrove até Ponte Vedra, pero hai que ter en conta que empregando o noso propio vehículo motorizado contribuimos á contaminación atmosférica e ao quentamento global e demáis problemas ambientais por extensión. Para facer desprazamentos dentro do núcleo urbano vigués, por exemplo (como pode ser calqueira cidade), onde hai un transporte urbano que funciona, non é preciso coller o teu propio automóbil.

Eu, o que faría, sería crear unha empresa pública que cubrira todos os traxectos necesarios en termos de cortas distancias e transporte urbano (que ten que mellorar bastante, ben certo é), e cobraría un prezo mínimo para sufragar os custos precisos. Gravaría en maior medida os impostos sobre automóbiles e primaría todo o que fixera falla o transporte colectivo para evitar masificacións nas estradas, e reducir as emisións de Co2 e outros compoñentos químicos dañinos para o medio ambiente.

Mesmo, queridos compañeir@s e lectores, penso que unha medida interesante sería a de poñer zonas inmensamente amplas para aparcar, que estén comunicadas constantemente cun servizo funcional de autobús, por exemplo en vigo ou pontevedra, que sexa o día que sexa, entre xente da zona que vai ao hospital, de compras, ou a ámbalas cousas, satúranse as rúas da cidade que é unha barbaridade. Xa o teño comentado moitas veces, e moita xente mo ten dito a mín, dado o problema que hai no Grove para aparcar nas datas de festa e celebracións, como na festa do carme, na festa do marisco ou nos carnavais.

Sei que todo isto pode sonar moi idílico, pero penso que é preciso facelo. Pensen nisto amig@s, e empreguen o transporte colectivo, e sobre todo, esixan un transporte PÚBLICO, NON “PÚBLICO”, E REALMENTE FUNCIONAL!

HAÍ VOS VAI!!

Saúde, Comunismo e República.

 

La “Guía de la buena madera” de Greenpeace propone usar madera para combatir el cambio climático

La guía analiza el riesgo de las 33 especies más consumidas en el mercado español y da especies alternativas para no colaborar con la tala ilegal y la deforestación

Madrid, España — Greenpeace lanza hoy la “Guía de la Buena Madera” con el objetivo de promover y orientar sobre el consumo de madera. La guía está destinada a los sectores de arquitectura, decoración e interiorismo y otros colectivos que prescriben madera, como responsables de contratación en la administración pública, empresas constructoras, etc. Esta guía es la primera actividad de la campaña Salvar los bosques, salvar el clima, y pretende ser una herramienta para luchar contra la madera ilegal y la deforestación, responsables del cambio climático.

“Además de ejercer un consumo responsable de productos forestales, los ciudadanos debemos exigir a la Unión Europea que se tome realmente en serio la lucha contra la deforestación y que apruebe una ley que garantice que todos los productos de origen forestal presentes en el mercado provengan de fuentes legales y de un buena gestión forestal”, ha declarado Miguel Angel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace España.

Elegir madera de forma correcta, la ”buena madera”, significa colaborar con la gestión responsable de los bosques que permite que éstos sigan manteniendo su función de fijar CO2, uno de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La conservación y buen uso de los bosques es una de las acciones más eficaces para mitigar el cambio climático. También, consumir madera de origen sostenible contribuye al desarrollo económico de las zonas rurales, al mantenimiento de los pueblos indígenas y a la calidad de vida de las poblaciones que viven en y alrededor de los bosques.

Casi el 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero proceden de la deforestación y la degradación forestal. Una elección incorrecta, por tanto, puede tener una repercusión negativa para los bosques, en especial para aquellas especies que están amenazadas o que proceden de regiones afectadas por la mala gestión forestal, la tala ilegal, la deforestación, las guerras, las invasiones de territorios indígenas o la violación de los derechos humanos. Eligiendo la madera de una forma equivocada podemos estar colaborando con la desaparición de los bosques primarios ya que la explotación forestal es muchas veces una primera fase de un proceso de deforestación que transforma bosques vírgenes en terrenos agrícolas o pastos para el ganado. Una gran parte de la tala ilegal se produce en zonas de bosque primario.

La Guía de la Buena Madera ha seleccionado algo más de 30 especies muy comunes en el mercado español y las ha agrupado en cuatro grupos según los diferentes riesgos que se derivan de su grado de amenaza, de la región del planeta de donde proceden, de la existencia o no de problemas en sus bosques, de la existencia de conflictos bélicos, etc.  Así, la guía establece cuatro categorías:

• Maderas recomendadas: maderas con  sello FSC, la madera reciclada y el corcho.
• Maderas aceptables: castaño, haya, roble, pino silvestre y laricio, nogal, bambú, etc.
• Maderas problemáticas: abeto, alerce, hemlock, eucalipto, pino radiata, cedro rojo, etc.
• Maderas de alto riesgo: merbau, iroko, ipé, teca, wengué, jatoba, meranti, sapelli, etc.

Hay que destacar el papel que juega la certificación forestal FSC (2) a la hora de asegurar que la madera procede de bosques bien gestionados, por lo que la guía identifica la disponibilidad en el mercado de las diferentes especies con sello FSC, así como la alternativas propuestas en caso contrario.

La madera es un buen material. Es un recurso natural, procede de los árboles, y puede ser reutilizada y reciclada. Su producción y eliminación no contamina. Las características físicas y mecánicas de la madera la convierten en el mejor material para una gran cantidad de usos como construcción, carpintería, fabricación de muebles, aislamiento, etc. Y, muy importante, cuando la madera procede de un bosque bien gestionado y lleva un certificado forestal exigente como el FSC, la madera es sin duda el material más ecológico frente a otros cuyo proceso de fabricación y eliminación consume mucha energía y es contaminante, como el cemento, el aluminio o el PVC.

”Siguiendo las instrucciones de esta guía y eligiendo una buena madera, empresas de construcción, arquitectos, decoradores, interioristas, responsables de compras o consumidores pueden estar convencidos de que están haciendo un gran favor al planeta” ha señalado Soto.

 

Greenpeace pide a Zapatero avances legales sobre cambio climático en el primer año de legislatura

     La nueva legislación debe incluir el plan de cierre de las centrales nucleares, que son un obstáculo para el despliegue a gran escala de las energías renovables y la eficiencia energética

 

    Madrid, España — En el marco de la gestación del nuevo Gobierno socialista, Greenpeace pide a Zapatero que el próximo Ejecutivo dé la máxima prioridad a la lucha contra el cambio climático, y que, en ese contexto, se apruebe en el primer año de legislatura una serie de normativas legales que permitan a España luchar eficazmente contra este grave problema.

Para ello el Gobierno debe asumir de forma urgente objetivos concretos y ambiciosos sobre implantación de energías renovables y eficiencia energética y también debe poner en marcha sin más dilación el prometido plan de cierre de las centrales nucleares, las cuales son un gran obstáculo para el despliegue a gran escala de las energías renovables.

En concreto, Greenpeace pide al PSOE que esa nueva legislación incluya los siguientes objetivos:

* Un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares existentes, en el horizonte del 2015, con el cierre inmediato de la de Santa Mª de Garoña (Burgos), con graves problemas de seguridad.

* Reducción del 20% como mínimo de la demanda de energía primaria con respecto al 2005 en el 2020.

* Contribución mínima de las energías renovables a la energía primaria del 30% en el 2020 y del 80% en el 2050.

* Un 50% de contribución mínima de las energías renovables a la generación de electricidad en el 2020 y del 100% en el 2050.

* Reducción real de emisiones de CO2 en el 2020 con respecto a los niveles de 1990.

“El PSOE ganó las elecciones generales del pasado 9 de marzo haciendo uso de una serie de promesas como la de luchar decididamente contra el cambio climático y la de cerrar las centrales nucleares de forma progresiva. Esperamos que Zapatero dé instrucciones claras al nuevo Gobierno para que se cumplan esas promesas”, afirmó Juan López de Uralde, Director Ejecutivo de Greenpeace.

En la campaña electoral, el PSOE, así como el resto de los partidos políticos, asumieron que el cambio climático es ya una realidad incontestable y un grave problema al que hay que hacer frente de forma ineludible y urgente.

Asimismo, el PSOE asumió en su programa electoral que la lucha contra el cambio climático debe hacerse prioritariamente mediante una mejora sustancial de la eficiencia energética, del ahorro de energía y de las energías renovables.

La viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica basada al 100% en energías renovables, que nos permitiría luchar de forma eficaz contra el cambio climático al tiempo que se abandona la energía nuclear, es un hecho ya comprobado científicamente.

En efecto, el informe Renovables 100% del Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas, encargado por Greenpeace, ha demostrado, mediante un profundo análisis técnico, que existen numerosas combinaciones de las distintas tecnologías renovables (solar termoeléctrica, eólica terrestre, eólica marina, biomasa, solar fotovoltaica, hidroeléctrica, energía de las olas y geotérmica) que permitirían satisfacer al 100% la demanda eléctrica peninsular, las 24 horas del día, los 365 días del año, a un coste menor que el de un sistema basado en las tecnologías convencionales.

“El Gobierno socialista debe tomarse en serio el problema de la energía y pasar de las palabras a los hechos para cumplir sus compromisos. No puede haber otros 4 años más de dilacciones”, añadió Uralde.

— Greenpeace

 

Fotodenuncia, una nueva herramienta en Internet para denunciar las agresiones al medio ambiente

España — Desde hoy, la organización ecologista Greenpeace pone en funcionamiento el proyecto Fotodenuncia, un espacio en internet dedicado a la participación ciudadana y la denuncia ambiental. En el que cualquier ciudadano puede denunciar las agresiones al medio ambiente que se producen a su alrededor.

Con una cámara o un móvil cualquiera puede fotografiar situaciones como la contaminación de mares y ríos, construcciones en espacios protegidos, incendios provocados, vertidos etc. y contribuir a hacer públicas estas situaciones a través de la web.

Tan sólo con acceder a: http://fotodenuncia.greenpeace.es cualquier persona interesada puede colgar una fotografía de una agresión medioambiental ocurrida en el territorio español, colocarla geográficamente y aportar información. Además, este espacio permite a los visitantes consultar situaciones de deterioro ambiental próximas a su localidad, comunidad, etc.

El objetivo es configurar, con la colaboración de los ciudadanos, un mapa de las agresiones ambientales en nuestro país. Así, con sólo mover el ratón del ordenador, se podrá obtener un panorama de la degradación del entorno en nuestro país, panorama que irá aumentando con las aportaciones de los fotógrafos-internautas.

Greenpeace quiere seguir avanzando en el fomento de la participación ciudadana imprescindible para obtener éxito en la defensa del medio ambiente. Los usuarios tienen la posibilidad de dar difusión pública a sus fotografías y así hacer visibles problemas de  que, en muchas ocasiones, no encuentran un canal que les posibilite la denuncia.

Esta herramienta tiene su origen en la gran cantidad de gente que se dirige a la organización para denunciar alguna agresión ambiental concreta. Con la web de Fotodenuncia, Greenpeace da la oportunidad de publicar las imágenes motivo de su denuncia a todas esas personas, asociaciones y colectivos.

Greenpeace considera que la presión pública es uno de los mecanismos más efectivos para producir los cambios necesarios en la protección de la Tierra, por ello la organización ha desarrollado esta nueva versión de la participación ciudadana para el medio ambiente.

“Queremos implicar a toda la ciudadanía para frenar la creciente degradación del medio ambiente.”, explica Enrique Soler, responsable del área de voluntariado de Greenpeace. “Ésta es una vía directa y efectiva de que cada uno aporte su granito de arena a la defensa de nuestro planeta”. Paralelamente al lanzamiento en internet los grupos de voluntariado de la organización presentarán la herramienta a otras ONG.

— Greenpeace

 

El derecho a conocer el origen de la electricidad que consumimos se hace realidad en España

Greenpeace celebra el triunfo de la campaña “Queremos saber para poder elegir”, pero lamenta que la Comisión Nacional de Energía haya rebajado los criterios sobre el impacto ambiental de la energía en el nuevo etiquetado eléctrico

 

España — Greenpeace ha celebrado la entrada en vigor del etiquetado eléctrico (1) como un triunfo de la campaña “Queremos saber… para poder elegir”, impulsada por ecologistas, consumidores y sindicatos desde 2003. A partir del próximo mes de abril, todas las compañías eléctricas tendrán que acompañar las facturas de una etiqueta, con un diseño uniforme y oficial, que indique con claridad el origen de la electricidad vendida al consumidor y el impacto ambiental producido en su generación.

No obstante, Greenpeace pide que en la próxima Ley de Energías Renovables, que todos los partidos prometen, se refuercen las exigencias para calificar el impacto ambiental en el etiquetado eléctrico y se cierre la puerta a cualquier intento de “engaño verde”.

“Ahora tendremos un etiquetado eléctrico estándar, con lo que los consumidores podrán recibir la información fiable sobre el origen de la electricidad que compran, condición necesaria para ejercer su derecho a elegir” -ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace España-. “Las compañías eléctricas que pretendan engañar al consumidor con energía falsamente verde lo van a tener más difícil”.

El etiquetado eléctrico finalmente aprobado recoge los principales requisitos básicos propuestos en el informe de Greenpeace El etiquetado eléctrico. ¿De dónde viene la electricidad que consumimos?:

• El etiquetado contiene la información sobre el origen de la electricidad definido con un listado estándar de fuentes de energía.
• La información sobre el impacto ambiental se presenta con un formato ranking de menor a mayor impacto, de fácil interpretación. Lamentablemente, el menor impacto considerado no será el cero, sino simplemente el inferior a un 35% de la media nacional.
• El contenido y formato de la etiqueta es estándar a nivel nacional para permitir la comparación entre proveedores y la elección de los consumidores.
• Para garantizar la veracidad de los datos, la elaboración y verificación de este etiquetado corresponde a un organismo independiente, la Comisión Nacional de Energía.

Greenpeace lamenta que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) haya rebajado los criterios para calificar el impacto ambiental de la energía en la etiqueta, para contentar a las grandes empresas consumidoras de energía (contrarias a que el etiquetado eléctrico indique el impacto ambiental de la energía). Finalmente, la clasificación de “mínimo impacto ambiental” (nivel A) aparecerá en cualquier etiqueta cuyo nivel de emisiones de CO2 o de residuos radiactivos producidos sea inferior a un 35% de la media nacional, y el nivel B en las que estén por debajo del 65%. En la propuesta original de la CNE, el nivel A exigía que emisiones y residuos estuviesen por debajo del 5% y el nivel B por debajo del 50% de la media nacional (existe hasta el nivel G, que sería el más contaminante). La propuesta de Greenpeace es que el nivel A se aplique únicamente a las etiquetas en que las emisiones de CO2 y los residuos radiactivos sean cero, ya que esto es perfectamente posible con cualquier energía renovable.

Otro grave defecto del sistema aprobado es que deja abierta una peligrosa puerta al “engaño verde”. Una empresa que quiera edulcorar artificialmente la etiqueta de la energía que vende, para hacerla parecer más limpia de lo que realmente es, podría hacerlo simplemente adquiriendo “papelitos” (garantías de origen) que alterarían la combinación de energías que se ve en la etiqueta sin tener que haber cambiado en nada la energía que realmente está suministrando. (2)

A pesar de todo, el etiquetado eléctrico ha quedado mucho mejor de lo que inicialmente pretendía el Ministerio de Industria, cuyas primeras propuestas permitían a las compañías inventarse la etiqueta que indique el origen de la electricidad, con lo que los consumidores no podrían comparar entre lo que les ofrecen distintas compañías, y lo que es peor, equivaldría a haber legalizado el engaño “verde” de las eléctricas. Las primeras propuestas de Industria no establecían una  etiqueta uniforme, ni en su forma ni en su contenido, con lo que cada compañía eléctrica podría presentar como quisiera la información sobre el origen de la electricidad que venden. Además, según dichas propuestas, esa etiqueta no tendría que contener la información sobre el impacto ambiental de la electricidad suministrada ni habría ningún órgano independiente que controlase la fiabilidad de la información proporcionada. Finalmente, la aprobación de la Ley de Impulso a la Productividad introdujo una  enmienda obligando al Gobierno a modificar sus pretensiones, para exigir un formato uniforme de la etiqueta eléctrica.

NOTAS:

(1) Circular 1/2008, de 7 de febrero, de la Comisión Nacional de Energía, de información al consumidor sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto sobre el medio ambiente. BOE núm. 45, 21 de febrero de 2008.

(2) Esto podría ocurrir si una empresa comercializadora compra una garantía de origen (que no es más que un documento o una entrada en una base de datos) sin a su vez adquirir la energía a la que se refiere dicha garantía de origen; en este caso la mezcla de comercialización de esa empresa realmente no ha cambiado, y no se debe permitir que se utilicen las garantías de origen como forma de “lavar” la imagen de esa empresa, pues constituiría un fraude. Para evitarlo, la regulación del etiquetado debe evitar cualquier posible confusión entre la energía con garantía de origen y las garantías de origen mismas. Para que la información contenida en el etiquetado sea veraz, deberá referirse siempre a energía real, especificando aquella que dispone de garantía de origen, pero hay que evitar que se contabilicen aquellas garantías de origen que no hayan ido acompañadas en todo momento de la electricidad a la que garantizaban.

— Greenpeace

 

El partido popular hace oídos sordos a la oposición mayoritaria de la sociedad a la energía nuclear

Greenpeace considera que Pizarro anula el compromiso del PP en la lucha contra el cambio climático

 

Madrid, España — Con su posicionamiento pronuclear, el Partido Popular hace oídos sordos a la voz mayoritaria de la sociedad que, como demuestran todos los sondeos de opinón españoles e internacionales, desea un abandono de la energía nuclear en España.

El PP en su programa electoral se refugia en una deliberada y calculada ambigüedad para evitar manifestar abiertamente su postura pronuclear, que es claramente minoritaria en la sociedad española”, ha declarado Juan López de Uralde, director Ejecutivo de Greenpeace.

En efecto, en su programa electoral, el PP emplea subterfugios como “mantendremos los actuales emplazamientos nucleares” y “gestionar la vida útil de las centrales existentes en línea con las tendencias internacionales y con el asesoramiento del Consejo de Seguridad Nuclear”.

“Con esas expresiones” -ha expresado López de Uralde, “el PP dice, sin atreverse a decirlo claramente, que deja la puerta  abierta a la construcción de nuevas centrales nucleares en los mismos sitios donde ahora hay instalaciones, y que piensa alargar la vida útil de las actuales. Despreciando así el sentir mayoritario de la ciudadanía”.

Asimismo, Greenpeace denuncia como anti-renovables las declaraciones de Manuel Pizarro, ex-Presidente de ENDESA, y número 2 del PP por Madrid, quién ha calificado las energías renovables como “las más caras”, ignorando deliberadamente los multimillonarios subsidios estatales directos e indirectos vía tarifa que ha recibido y recibe la energía nuclear, sin los cuales las compañías electricas que construyeron centrales nucleares no habrían podido superar la inmensa deuda que por ello contrayeron. Entre ellos, los porcentajes de tarifa para pagar la llamada “moratoria nuclear”, los Costes de Transición a la Competencia (CTC), para la gestión de los residuos radiactivos, etc.

La viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica basada al 100% en energías renovables, que nos permitiría luchar de forma eficaz contra el cambio climático al tiempo que se abandona la energía nuclear, es un hecho ya comprobado científicamente.

En efecto, un informe del Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas, encargado por Greenpeace, ha demostrado, mediante un profundo análisis técnico, que existen numerosas combinaciones de las distintas tecnologías renovables (solar termoeléctrica, eólica terrestre, eólica marina, biomasa, solar fotovoltaica, hidroeléctrica, energía de las olas y geotérmica) que permitirían satisfacer al 100% la demanda eléctrica peninsular, las 24 horas del día y los 365 días del año, a un coste menor que el de un sistema basado en las tecnologías convencionales. El estudio ha tenido en cuenta tanto las limitaciones que surjan en el sistema como las distintas restricciones en cuanto a disponibilidad de recursos, ambientales, usos del suelo y acoplamiento temporal demanda-generación-transporte.

Greenpeace insta a los partidos políticos a comprometerse a poner en marcha en el primer año de la legislatura 2008-2012 un plan de abandono progresivo de la energía nuclear, estableciendo para ello un calendario concreto de cierre de las centrales nucleares que tomará como base una vida útil de 25 años para cada una de las instalaciones. En este contexto, se concretará además el cierre inmediato y definitivo de la central de Santa Mª de Garoña, dado sus graves problemas de seguridad nuclear.

El abandono de la energía nuclear se deberá hacer potenciando el ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables, la generación distribuida y las redes de transporte y distribución local.

— Greenpeace

Queridos señores votantes do Partido Populacho, pensen antes de votar, e moito. Queren ver aínda máis arruinadas as nosas terras? queren ver os nosos océanos aínda máis ameazados polos residuos nucleares que son verquidos neles? QUEREN QUE UN FATO DE FALANXISTAS IRRESPONSÁBEIS QUE SE NEGAN A ACEPTAR O TERRÍBEL PROBLEMA AO QUE NOS ENFRENTAMOS CON O MUDAMENTO CLIMÁTICO GOVERNEN?

PÉNSENO MOI BEN!!!

 

España sería el único país europeo autorizado a emitir más CO2 en 2020 que en Kioto

Greenpeace pedirá al Gobierno en el Consejo Nacional del Clima un compromiso de renovables superior a la media Europea

 

España — Coincidiendo con el tercer aniversario de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, Greenpeace denuncia que el Paquete de Medidas de Energía y Clima, presentado por la Comisión Europea (CE), podría permitir que España aumentara sus emisiones el doble de lo permitido por el Protocolo de Kioto. El paquete propuesto por Bruselas será valorado este lunes por el Consejo Nacional del Clima.

Greenpeace, en calidad de miembro del Consejo Nacional del Clima, pide un compromiso  al Gobierno para asumir objetivos más ambiciosos que los propuestos por la CE, tanto para reducir las emisiones de CO2 como para aumentar la participación de las renovables.
“Siendo España el país más alejado de cumplir Kioto cara a 2012 es una vergüenza que ahora sea el Estado a quien menos compromisos se le piden para 2020″ dijo Raquel Montón, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.

Los objetivos de CO2 asignados a España equivalen a un premio por haber aumentado las emisiones más que los demás países. El objetivo de reducir las emisiones un 10% (respecto a 2005 en los sectores no industriales) equivale a permitir que el total de las emisiones nacionales en 2020 aumenten más del 30% respecto a 1990.

Greenpeace apoya el compromiso político para aumentar el uso de energía renovable, aunque considera que España debería asumir un objetivo de renovables de al menos el 30%, y no sólo del 20% que le ha correspondido, que es el mismo objetivo global europeo. “Si España quiere ser un líder mundial en renovables, debe asumir objetivos mayores que los demás, no quedarse en la mediocridad del promedio europeo”, -ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de energía de Greenpeace.  “El cumplimiento del objetivo europeo de renovables será un paso crucial para conseguir un futuro energético seguro y limpio, y dejar atrás tecnologías obsoletas como la nuclear y el carbón”, -ha afirmado García Ortega.

Greenpeace pide una reducción de las emisiones de la UE de un 30% para 2020, comparado con los niveles de 1990, que es el objetivo coherente con el ya asumido por la UE de mantener la subida de la temperatura media global por debajo de los 2ºC. Además, el objetivo de reducción del 20% propuesto por la Comisión es débil cuando se compara con el reciente acuerdo de Bali, según el cual los países desarrollados deberían reducir sus emisiones entre el 25 y el 40% para 2020. La Comisión ha incluido un mecanismo “automático” en sus propuestas para incrementar el objetivo de la Unión Europea tan pronto como se lleve a cabo un acuerdo internacional sobre el clima, pero sin especificar que sea acuerdo sea dentro del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (del que depende el Protocolo de Kioto).

El Paquete también incluye las nuevas reglas para el funcionamiento del Sistema de Comercio de Emisiones después de 2012. “Entre las más importantes destaca la reducción de la cantidad de créditos gratuitos que se otorgan y establece las mismas reglas para todos los sectores industriales, sin importar en qué lugar de Europa se localizan” -ha añadido Montón. “Al final la Comisión cedió ante la  industria dejando algunos vacíos legales en sus propias propuestas. Pediremos al Gobierno, en el próximo Consejo Nacional del Clima, que apoye su eliminación”.

Greenpeace está en especial desacuerdo con el número y tipo de proyectos que tanto a los gobiernos como a las industrias se les permitirá realizar fuera de Europa para compensar sus emisiones. La organización ecologista pide una reducción mínima del 30% de las emisiones dentro de la UE. Cualquier crédito obtenido a través de proyectos externos debería ser adicional a este 30% de reducción y tener un beneficio ambiental garantizado.

Finalmente, la organización ecologista tiene serias preocupaciones sobre la posición de la Comisión y del Gobierno sobre la Captura y Almacenamiento de Carbono, ya que es una tecnología que todavía no está probada, es cara y potencialmente peligrosa, que no debería servir como excusa para continuar construyendo centrales térmicas de carbón bajo la promesa de que estén “preparadas para capturar”.

El Paquete de Medidas presentado el pasado 23 de enero por la Comisión Europea incluye una serie de políticas necesarias para 2020, tales como objetivos de emisión de obligado cumplimiento, un significativo aumento de las renovables como fuente de energía e incentivos para incrementar la eficiencia y reducir la contaminación en la industria europea.

— Greenpeace